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El derecho a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo

En las salas de justicia es habitual apelar indistintamente al derecho a la presunción de inocencia y al principio in dubio pro reo, sin embargo, pese a que la conexión entre ambos es evidente, existen diferencias que me permito desgranar de manera esquemática.

El derecho a la presunción de inocencia es un derecho reconocido en el artículo 24.2 CE, así como en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, e implica que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, lo cual supone que se haya desarrollado, bajo la iniciativa de la acusación, una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto valida, en cuanto permita declarar probados unos determinados hechos y la participación del acusado en ellos (STS 1016/2010, de 24 de noviembre, FJ 8). Es decir, la presunción de inocencia actúa cuando nos encontramos ante un supuesto de vacío probatorio.

La ausencia total de prueba de cargo se produce cuando concurre alguno de los siguientes supuestos:

  • No existen pruebas de cargo relativas a la existencia del hecho y a la participación del incriminado.
  • La prueba de cargo es ilícita.
  • El contenido probatorio de la prueba de cargo no respeta las reglas de la lógica, y las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos.

El principio in dubio pro reo es un mandato de interpretación de naturaleza procesal dirigido al Juzgador (SSTS 15 de mayo de 1993 y 30 de octubre de 1995), conectado con el artículo 741 LECrim, que consiste en ponderar el acervo probatorio bajo la premisa de, pese a hallarse prueba de cargo válida y lícita, si existe una duda razonable respecto a la existencia del hecho y la participación del acusado, la conclusión debe ser siempre a favor de reo.

En este sentido, es importante reseñar que la carga probatoria de los hechos exculpatorios recae en la defensa, dado que no son presunciones de veracidad per se (SSTC 197/1995, 36/1996, 49/1998, ATC 110/1990).

Hoy día la jurisprudencia viene a reconocer el principio in dubio pro reo como parte integrante del derecho a la presunción de inocencia y atendible en casación, aunque sólo se justifica en aquellos casos en los que el Tribunal haya planteado o reconocido la existencia de dudas en la valoración de la prueba sobre los hechos y las haya resuelto en contra del acusado (SSTS 1125/2001, de 12 de julio, 2295/2001, de 4 de diciembre, 479/2003, 836/2004, de 5 de julio, 1051/2004, de 28 de septiembre).

Sin embargo, pese a la vinculación evidente entre sendas garantías del inculpado, el TC ha mantenido que el principio in dubio pro reo carece de transcendencia constitucional, dado que pertenece a la esfera del convencimiento del Juez. En este sentido, aunque la vía de amparo quede aparentemente cerrada a través del artículo 24.2 CE, ¿por qué no esgrimirse a través del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), en tanto que se conculca el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho?



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